Obligaciones de las comunidades de vecinos en la protección contra incendios

Los riesgos de sufrir un incendio en edificios comunitarios son mayores que en cualquier vivienda unifamiliar. Concretamente, el 69% de víctimas en incendios se producen en edificios colectivos y el 25% en edificios unifamiliares.

Las urbanizaciones concentran viviendas interconectadas, y por ello son lugares proclives a que el fuego pueda expandirse con mayor facilidad. Contar con instalaciones de protección contra incendios en una comunidad de vecinos resulta imprescindible para mejorar la seguridad.

Desde un descuido como una colilla mal apagada hasta cocinas, estufas, braseros o averías en instalaciones eléctricas pueden causar un gran número de desperfectos, no sólo en la casa donde se produce el incendio, sino en las colindantes e incluso en el propio edificio y en sus estructuras.

Por ello, la normativa vigente es muy estricta a la hora de exigir a las viviendas una dotación mínima de instalaciones de protección contra incendios que preserven, en primer lugar, las vidas de las personas y, en segundo lugar, reduzcan los daños provocados por el fuego y el humo en sus hogares.

Los sistemas de protección contra incendio se instalan con la esperanza de que no tengan que emplearse nunca, pero si por desgracia se originara un incendio fortuito es primordial contar con ellos, correctamente instalados y mantenidos, ya que en caso contrario, no sólo resultan inútiles como medio para protegerse del fuego, sino que crean una sensación de falsa seguridad, peligrosa tanto para los ocupantes del edificio como para el conjunto de sus bienes.

Por todo ello, las comunidades de propietarios están obligadas por ley a disponer de Instalaciones de Protección Contra Incendios (realizadas por empresas instaladoras autorizadas ante la Dirección General de Industria) y a suscribir el correspondiente contrato de mantenimiento de las mismas con empresas mantenedoras autorizadas.